PARTIDO DESCENTRALISTA FUERZA SOCIALRechazamos la violencia y muerte de ciudadanos y policías en BaguaExigimos la renuncia de Yehude Simon y Mercedes Cabanillasy la derogación de normas inconstitucionales rechazadas por la selvaMesa Nacional de Diálogo para resolver la crisisEl Partido Descentralista Fuerza Social condena la violenta represión ordenada por gobierno central contra miles de pobladores de la selva que terminó con un trágico saldo de decenas de policías y manifestantes muertos y centenares de heridos en circunstancias de extrema violencia y descontrol social en zonas de Bagua, Jaén y tramos de la carretera Fernando Belaúnde. Un gobierno democrático debe preservar el orden público pero también evitar a toda costa la violencia extrema y la pérdida de vidas humanas. El gobierno de Alan García no hizo ni lo uno ni lo otro este luctuoso viernes 5 de junio. En el origen de esta gravísima situación está el incumplimiento del gobierno de la consulta previa e informada de normas que afectan a poblaciones indígenas como lo ordena el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la OIT ratificado por el Estado peruano. Los nativos de la selva peruana venían expresando desde hace meses su profundo rechazo a normas que no les fueron consultadas y que consideran atentatorias contra su forma de vida en el territorio amazónico. Estas normas fueron dadas con el pretexto de la firma del TLC pero en realidad para implementar la política del Perro del Hortelano de Alan García que considera a cientos de miles de pequeños productores de la sierra y de la selva como un obstáculo al desarrollo nacional y que deben ser desplazados por la gran inversión. El gobierno hizo oídos sordos a los justos reclamos de la selva y empezó a dilatar, bloquear y evitar el debate de la derogación de estas normas pese a que la Defensoría del Pueblo y dos comisiones congresales ya se habían manifestado a favor de ello. Una clara demostración de este comportamiento fue la vergonzosa sesión del pleno del Congreso el día previo a la tragedia, cuando la que la bancada aprista y la Presidencia del Congreso decidieron no debatir uno de los decretos más controversiales, cuya derogatoria habría calmado en forma significativa los ánimos y evitado el innecesario derramamiento de sangre que hoy lamentamos.Una actitud distinta y más responsable fue la que asumieron la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Defensoría del Pueblo ante este grave conflicto. La ANGR venía promoviendo una salida legal al conflicto a través del recojo de 100,000 firmas para respaldar la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos Leyes inconsultamente aprobados por el Poder Ejecutivo; mientras la Defensoría del Pueblo ha insistido en el diálogo y la derogación de algunos decretos como una salida justa al problema. Ninguno de estos esfuerzos fue adecuadamente valorado y apoyado por un gobierno nacional hostil con las fuerzas regionales emergentes y una verdadera concertación con los actores sociales.La principal responsabilidad de esta tragedia recae en la soberbia e intransigencia del Presidente Alan García y de sus operadores en el Congreso, que no tuvieron una mínima voluntad política para negociar una salida pacífica a la legítima protesta de los nativos peruanos. Esto no hizo sino darle mayor poder e influencia a grupos violentistas y líderes maximalistas en el movimiento de los nativos, quienes también hicieron lo suyo por evitar acuerdos viables y así llegar a esta situación extrema de polarización social y política en el país. Planteamos que el gobierno debe derogar inmediatamente las normas que han sido consideradas inconstitucionales y abrir nuevos canales de diálogo con los nativos hoy quebrados por lo sucedido. Igualmente, exigimos la inmediata renuncia del Primer Ministro Yehude Simon y de la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, responsable políticos de lo ocurrido, el primero al fracasar en el diálogo con los nativos, y la segunda al ser imputable de un fallido operativo policial muy mal planificado y peor ejecutado. Condenamos todos los hechos violentos e ilegales cometidos este viernes 5 de junio, los cuales deben ser investigados y sancionados, incluyendo tanto a responsables políticos del gobierno como a dirigentes que hayan instigado la violencia o promovido secuestros y actos vandálicos. En este momento todavía de emergencia, solicitamos que la Defensoría del Pueblo se movilice a la zona para garantizar el respeto de los derechos humanos de detenidos y heridos.Pero esta crisis no se resolverá solamente con la salida del Jefe del Gabinete y de la Ministra del interior y un nuevo gabinete, se requiere un cambio más profundo y de mediano plazo. Por esto convocamos a todas las agrupaciones políticas y movimientos democráticos de nuestro país a conformar una Mesa de Diálogo Nacional con participación de la Asamblea de Gobiernos Regionales, las organizaciones de alcaldes, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, el Concilio Nacional evangélico, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CONFIEP, la CGTP, los Colegios Profesionales y los partidos democráticos, para buscar alternativas de solución a los graves conflictos que atraviesan el país..Lima, 06 de junio del 2009Dirección Nacional del Partido Descentralista FUERZA SOCIAL