¿Cuántos muertos más faltan para que todos reaccionemos? Es la pregunta que me hago desde muy lejos del país siguiendo con atención, dolor e impotencia los sucesos de Bagua; sintiendo en el alma las muertes de los indígenas tanto como de los miembros de la Policía Nacional.

El uso de la fuerza solo expresa la incapacidad del diálogo, la impotencia política de este gobierno que criminaliza la protesta y que es incapaz de liderar la concertación. No es legal bloquear una carretera; el Estado está en la obligación de garantizar la libre circulación y todos los derechos que el mismo ha suspendido al declarar el Estado de Emergencia hace unos meses No es fácil el diálogo. Esta lucha indígena es justa aunque no es un coro de ángeles el que la lidera; hay de todo, pero nada justifica lo sucedido ayer.

Un gobierno democrático respeta los derechos humanos, fortalece los mecanismos de concertación, escucha a su pueblo y lo consulta. No puede ser que las puertas de Palacio de Gobierno se abran solamente a los grandes inversionistas y se cierren a los peruanos de los lugares más excluídos de nuestro país.

Nunca se les consultó. El Estado peruano está obligado a hacerlo

En Ginebra, donde sesiona actualmente el Comité de los Derechos del Niño del cual formo parte, está la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como todas las instituciones de Naciones Unidas relacionadas a los derechos humanos. En estos días se lleva a cabo la Conferencia de la OIT y el nombre del Perú está, como en los tiempos de Fujimori, relacionado a la violación de los derechos humanos por lo sucedido ayer y por la conducta contraria al Convenio 169 de la OIT del gobierno peruano. Es muy claro para la OIT que los decretos y las normas sobre inversión en la Selva que han desatado esta lucha de casi dos meses que ha dejado hasta hoy más de treinta muertos, se aprobaron sin consulta previa e informada: ese es el compromiso del Perú como Estado al firmar y ratificar el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.

Siguen muriendo, ¿acaso no hemos aprendido nada de los ochenta?

Me dicen desde la selva peruana que habría muerto Santiago Manuin, uno de los dirigentes indígenas más éticos y comprometidos de AIDESEP. Ojalá no sea así. No saben lo que perdería el movimiento indígena peruano con su muerte violenta; se habría ido uno de los dirigentes más serenos y equilibrados, capaz de llevar adelante un diálogo constructivo en esta gravísima coyuntura. Me duele su muerte si así ha sucedido, como la de cada uno de los que han perdido la vida en este enfrentamiento en Bagua, y desde antes por la insensata declaración de Estado de Emergencia en la selva peruana. Me causa sufrimiento que sigan muriendo policías enviados a resolver problemas que los políticos no quieren enfrentar. Como en los años ochenta cuando decidieron declarar en emergencia al país y enviar a las Fuerzas Armadas a luchar contra la crueldad e insanía de Sendero Luminoso, abdicando los políticos de su deber de liderar esa lucha No hemos aprendido nada.

Inversión social y ambientalmente responsable

La inversión en la Selva es indispensable. Los bosques son fundamentales por muchas razones, por el impacto ambiental positivo en un país como el Perú, uno de los tres más vulnerables en el planeta frente al cambio climático; porque tenemos más de diez millones de hectáreas para llenar de árboles nuestro país,la mayor parte reforestando o sembrando nuevos árboles (cada cinco hectáres genera dos puestos pérmanentes de trabajo). ¿Cómo estar entonces en contra de la inversión en la Selva Amazónica y no Amazónica? Pero no a cualquier precio, ni en todos los ámbitos de la actividad económica. La industria extractiva por ejemplo, los hidrocarburos, entrañan graves riesgos ambientales. Es por esta razón que hoy mueren peruanos. Hay intereses demasiado poderosos detrás de las inversiones en petróleo.

Una Mesa de Diálogo del más alto nivel Nacional

No es posible que un presidente democrático le eche más leña al fuego insultando a quienes hoy protestan, enviándoles la fuerza y llenándolos de calificativos insensatos y provocadores. Todo esto nos hacen retroceder lo logrado en la transición a la democracia. Esta democracia la ganamos para que todos tuviesen el derecho a discrepar y a expresarse, para fortalecer los mecanismos de concertación y cooperación, para que el desarrollo económico no se vinculara a unos cuantos sino a todos.

Hagamos lo imposible por retomar el camino democrático en este grave momento del país. No podemos esperar ni un segundo más. La defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana el Concilio Nacional Evangélico, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la CONFIEP, la CGTP, los colegios profesionales y los partidos políticos democráticos deben reunirse de inmediato junto a las dirigencias indígenas para proponer un camino de salida a esta crisis.

Solidarios y vigilantes

Hasta cualquier momento, desde Ginebra pero en el corazón del Perú