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La Defensoría del Pueblo y su informe sobre Bagua

Publicado: 2009-07-10

El 2 de julio, la Defensoría del Pueblo difundió un informe de gran importancia sobre lo acaecido en Bagua y Utcubamba el 5 de junio pasado. Lo he revisado y he visto las actas de entrevistas así como las fotografías de la visita de la Defensora Beatriz Merino, de las visitas a las cárceles, encuentros con la Policía y las FFAA, visitas a las personas heridas en los hospitales, visita al Cuartel de El Milagro , al obispo de Jaén, así como las reuniones de los equipos intinerantes con las comunidades en donde se señalaba había personas desaparecidas.  Creo que las conclusiones de la DP, la institución autónoma del Estado con mayor credibilidad en la sociedad por su seriedad y compromiso con los derechos humanos, tienen que ser aceptadas por unos y otros y, a partir de ahí hallar de manera concertada las garantías para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

Conclusiones del Informe de la Defensoría del Pueblo sobre los sucesos de Bagua y Utcubamba

 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162º de la Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, corresponde a esta institución defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

 

2. En el contexto de conflictos sociales, frente a una situación en la que se pone en riesgo o se vulneran los derechos de las personas, la Defensoría del Pueblo, entre otras tareas, realiza labores humanitarias entendidas como aquellas actuaciones que buscan contribuir a preservar la vida, la integridad y la salud, en situaciones de conflicto o violencia. Esta labor se dirige a supervisar y contribuir al éxito de las acciones de las distintas entidades del Estado para que se garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.

 

3. En el caso de los hechos ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua, el 5 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo consideró necesario intervenir para realizar labores humanitarias urgentes para proteger derechos fundamentales como son la vida, la integridad personal, la salud y la preservación de la tranquilidad pública. En esa medida se realizaron las coordinaciones necesarias para la adecuada atención médica de todas las personas heridas por parte del personal de Salud y se verificó la situación de las personas detenidas, en especial, para que se les asegurase el debido proceso y la defensa legal respectiva.

 

4. La labor desarrollada por la Defensoría del Pueblo se produjo en dos etapas: a) acciones humanitarias para atender las necesidades inmediatas de la crisis, y; b) supervisión de la actuación de las entidades de la administración estatal y recojo de denuncias.

 

5. Como consecuencia de los hechos ocurridos el 5 de junio del 2009, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores y cinco indígenas); 83 personas detenidas; 200 personas heridas que recibieron atención médica de hospitales del Ministerio de Salud y de EsSalud; y 1,244 indígenas que retornaron a sus comunidades nativas, luego de haber sido empadronados por el Ministerio Público.

 

6. Se tomó conocimiento del inicio de cuatro procesos penales: tres de ellos en contra de personas mayores de edad (84 procesados) y uno por infracción a la ley penal contra dos adolescentes de 16 años. Del total de 84 imputados, 41 han sido objeto de mandato de detención; de ellos, 18 se encuentran recluidos actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Huancas, Chachapoyas. Otros 43 cuentan con mandato de comparecencia.

 

7. Asimismo, atendiendo al pedido de los representantes del Ministerio Público, así como de diversas autoridades de Jaén, Utcubamba y Bagua, y de representantes de las comunidades nativas, la Defensoría del Pueblo estuvo presente en los lugares de albergue de los indígenas, quienes después de ser empadronados por funcionarios del Ministerio Público, retornaron a sus comunidades (según se constató) en camiones que fueron facilitados por diversas autoridades municipalidades.

 

8. La Defensoría del Pueblo manifiesta su especial preocupación por la situación del Mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo paradero se desconoce desde el último 5 de junio. Nada causa más desconcierto y conmoción que la incertidumbre por el paradero de un familiar cercano. Por ello, exige que las autoridades del Estado no cesen en las labores de búsqueda, las que deben ser asumidas como una tarea prioritaria e impostergable.

 

9. Debido a la necesidad de corroborar la información respecto al número de personas que no habrían retornado aún a sus comunidades de origen, en los días 11 y 12 y en los comprendidos entre el 22 y el 27 de junio, funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron visitas itinerantes a 39 comunidades nativas ubicadas en los distritos de Imaza, provincia de Bagua, así como en los distritos de El Cenepa, Nieva y Río Santiago, provincia de Condorcanqui. De igual forma, el 1º de julio del 2009 se realizó una reunión en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, donde los comisionados recabaron información de las autoridades de otras 16 comunidades nativas.

 

10. En las misiones itinerantes, y en las entrevistas sostenidas con diversas autoridades de comunidades nativas, éstas han confirmado que, a la fecha, las personas que salieron de sus comunidades han retornado, a excepción de aquellos que continúan hospitalizados o se encuentran internados en el Establecimiento Penal de Huancas, Chachapoyas.

 

Lima, 2 de julio del 2009


Escrito por

Susana Villarán

Mujer limeña, vice presidenta del Partido Descentralista Fuerza Social y candidata a la Alcaldía de Lima. Soy miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. He tenido una rica experiencia en la gestión pública (co fundadora del Vaso de Leche y ges


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