El cierre de Radio la Voz de Bagua como represalia a la difusión de lo que ocurría en la lucha indígena contra los decretos que permitían la concesión de sus territorios sin haber sido previamente consultados es un hecho que atenta contra la libertad de expresión en el Perú. El informar sobre los dramáticos sucesos que costaron la vida de policías y nativos hizo que, con argumentos administrativos, se cancele la licencia  de esta radio “incómoda” para el gobierno. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el día 12 de Junio remitió a Radio La Voz, la resolución de cierre de transmisión, poniendo como argumento que la emisora no envió a tiempo la documentación de la llamada "homologación de equipos". La Voz de Bagua es parte de la Coordinadora Nacional de Radio y esta grave situación ha merecido comunicados de organismos de protección de los derechos humanos , entre ellos de Human Rights Wacht.

Esto no ocurre solamente en el Perú, en Venezuela, Hugo Chávez,  ha cerrado 34 emisoras, se acaba de atacar Globovisión y se anuncia una ley que busca imponer más restricciones a la libertad de expresión.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de emitir el día de ayer un pronunciamiento en el que expresa seria preocupación por esta situación “Por disposición del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) del 31 de julio de 2009, 34 radioemisoras de FM y AM debieron cesar sus transmisiones de manera inmediata. En las decisiones que revocan los permisos o licencias, se habría argumentado razones técnicas relativas al masivo incumplimiento de algunas disposiciones de la ley de telecomunicaciones. Por otro lado, la CIDH recibió información de que las autoridades habrían anunciado como una de las razones para proceder a los cierres que se trata de emisoras que “juegan a la desestabilización de Venezuela”.

Sobre la nueva legislación, la CIDH dice: “Por otro lado, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es sancionar los llamados “delitos mediáticos”. El proyecto prevé penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que divulguen información “falsa” o que produzca “perjuicio a los intereses del Estado”, y también establece penas de hasta cuatro años de prisión a las personas que se nieguen a informar sobre “hechos o situaciones cuya falta de divulgación constituya una lesión al derecho a la información”. En caso de ser aprobado, este proyecto de ley representaría un serio retroceso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela”

En el Perú, en Venezuela, en China, en todos los países del mundo el respeto a la libertad de expresión es fundamental para que podamos vivir en democracia y para que el resto de nuestros derechos sean garantizados efectivamente. Si nuestra voz es acallada, el autoritarismo se impone. Una sociedad de silencio, es una sociedad sometida. Por ello defendamos la libertad para informar, para opinar, para difundir y para acceder a la información.

Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima