El 5 de abril de 1992 fue un día de luto para la democracia, festejado por el pueblo. Cuando Alberto Fujimori “disolvió” el Congreso de la República y el Poder Judicial con el apoyo de la Fuerzas Armadas empezó un tiempo de destrucción del Estado de Derecho, de corrupción nunca antes vista que se degradó aún más cuando el autócrata decidió ir a la tercera re elección. Terminó como algunos de los que concentran el poder y abusan de él: en la cárcel. Otros, como Somoza o Trujillo el “Chivo”, acabaron sus vidas violentamente.

Recordar nos ayuda para que no vuelvan a ocurrir momentos como éste en la historia de la República. Cuatro mil millones de dólares nos fueron robados, 10,000 millones se dejaron de invertir. Nos alejamos por completo de la comunidad internacional; las distancias y conflictos entre peruanos se agudizó, se llenaron las cárceles de inocentes injustamente acusados de terrorismo, el Grupo Colina tuvo licencia para matar en Barrios Altos y La Cantuta, nos quedamos sin tribunal Constitucional, y el Poder Judicial fue digitado por Montesinos a través de Rodríguez Medrano; empezó el “transfuguismo” político envileciendo la representación en el Congreso de La República. Laura Bozzo, Crousillat y todos los grandes medios de comunicación fueron cooptados, comprados; el clientelismo como practica del gobierno el PRONAA y otros programas sociales para ganarse la voluntad de los más pobres fue más descarado que nunca.

Pero recordar también es hacer memoria del por qué del apoyo popular a este quiebre de la democracia y del relativo apoyo que aún goza Fujimori y preguntarnos si han cambiado mucho las condiciones. ¿Han cambiado? Para los pobres de las zonas rurales y urbanas el Estado es lejano s insensible, incapaz de sostener los enormes sacrificios de millones de pobres para progresar. Ni el Congreso o el Poder Judicial se hacen eco de sus demandas; el centralismo ahoga a las provincias. Los sectores de poder económico, mediático y en las FFAA mantienen su poder de decidir el curso de los acontecimientos en el país; los partidos políticos no están arraigados en las demandas y aspiraciones de la gente sino que viven confinados a los salones y en las capitales, sobre todo en Lima.

El gobierno de Alan García no continuó con las reformas de la transición democrática iniciadas en el 2,000 que hubiesen cambiado las cosas para la República. Hoy, 18 años después, el riesgo del retorno autoritarismo está a la vuelta de la esquina. Pero también, las y los demócratas aprendimos la lección y diseñamos una nueva relación entre Estado y sociedad. ¿Dejaremos que nos sigan empujando hacia el barranco?

Solidarios y vigilantes

Hasta la próxima